Puerto Maldonado fue el escenario de un foro que reunió a diversas instituciones y defensores de derechos humanos para debatir los desafíos y avances en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios en la Amazonía. En un contexto donde los defensores de la tierra enfrentan amenazas y hostigamiento constante, la jornada permitió abrir el diálogo sobre las limitaciones y propuestas de intervención intercultural que apuntan a mejorar la actuación del Estado y de las instituciones en la región.
El Foro, que fue organizado por Cáritas Madre de Dios y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), inició con la primera ponencia, a cargo de la Fiscal Karen Joselyn Torres Godoy, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, quién destacó la labor del Ministerio Público ante los riesgos de los defensores, mientras que Martha Jackson-Eade, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), abordó una de las principales causas que agravan estos riesgos: “Las situaciones de riesgo que tienen las personas siempre están empeoradas por el nivel de impunidad; es decir, la impunidad genera más riesgo, es un círculo vicioso”, señaló, enfatizando la necesidad de romper este ciclo con una justicia más eficaz.
Julio Cusurichi, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), aportó una perspectiva desde la defensa indígena en la Amazonía. Criticó las normas que, en lugar de reducir el conflicto, abren la puerta a la formalización de actividades que perjudican a las comunidades. “En vez de ir frenando, hay autoridades que van fabricando o proponiendo normas para ampliar el tema de formalización y mucho más el tema de los Rainfost en la Amazonía peruana. Eso nos trae grandes conflictos para nosotros como pueblos indígenas” señaló.
Por otra parte, Víctor Zambrano Gonzales, del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, se refirió a la falta de protección de las áreas naturales frente a la invasión y explotación ilegal, señalando la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades locales: “El tema central aquí es que esa área natural protegida está en peligro permanente de las invasiones, de las acciones de descontrol total y definitivamente no hay una respuesta concreta de las autoridades. Por ese motivo, nosotros no nos hemos quedado aquí en Madre de Dios a buscar la salida al problema, porque aquí no la vamos a encontrar nunca, hemos tenido que recurrir a entidades nacionales e internacionales”, explicó.
Finalmente, Rusbel Casternoque, defensor y líder de la comunidad nativa Kukama Kkamiria en la región Loreto, ofreció un testimonio directo sobre la complicidad de ciertos actores en actividades ilegales en reservas nacionales. Denunció la permisividad de algunos guardaparques ante los traficantes de madera y especies: “Los guardaparques, si nosotros queremos sacar hoja para nuestra casa o madera, no nos dejan entrar, pero va el maderero, se sientan a conversar… y ya pasa; también van los que sacan alevinos, charitos de taricaya, alevinos de paiche, de arahuana, miles sacan de ahí de la reserva nacional a vista y paciencia del guardaparque. ¿Por qué hará esto el guardaparque? Porque él está pagado para que cuide, no es de él lo que está cuidando; nosotros no cuidamos porque alguien nos paga, sino porque es nuestro, mucho antes de que el Perú fuera república ha sido eso nuestro, por eso los pueblos originarios no podemos decir que somos guardianes, sino que somos dueños y vamos a seguir reclamando al estado peruano que nos lo devuelva, que nos entregue lo que siempre ha sido nuestro”. Casternoque subrayó la relación de su pueblo con el territorio, recordando que “el indio no es cobarde, el indio es valiente, el indio lucha hasta morir en señal de entrega de amor a su territorio”.
Este foro cerró con un espacio de preguntas y comentarios, consolidando el mensaje de que la protección de los defensores de derechos humanos y la preservación de la Amazonía requieren soluciones integrales, que incluyan la participación de las comunidades y una respuesta firme del Estado en contra de la impunidad.